Corrupción en Comfamiliar Nariño: Cinco judicializados por millonario desvío de recursos

La investigación de la Fiscalía General de la Nación para desmantelar un presunto entramado delictivo arrojó nuevos resultados judiciales. En las últimas horas, cinco personas, entre ellas el exdirector de la entidad, fueron judicializadas por presuntamente apropiarse de recursos públicos a través de procesos contractuales simulados.

Los hechos investigados se habrían registrado entre octubre de 2025 y mayo de 2026. En este periodo, funcionarios y contratistas habrían estructurado un modelo irregular para desviar dineros destinados al beneficio de la población del departamento.

Las evidencias recolectadas señalan que en la caja de compensación se direccionaron ocho contratos por un valor superior a los 9.804 millones de pesos. Estos dineros eran financiados directamente con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC). Sobre esta millonaria suma, se desembolsaron anticipos que superan los 2.942 millones de pesos, cifra equivalente al 30% del valor total contratado.

Para lograr la adjudicación, se habrían diseñado invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados, estableciendo estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos. Además, se evidenció el fraccionamiento de contratos por cuantías inferiores con el firme propósito de eludir la pluralidad de oferentes.

Según el ente acusador, estas maniobras irregulares se realizaban a cambio del pago de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con evidentes sobrecostos.

Por estos graves hechos de corrupción en Comfamiliar Nariño, fueron judicializados el exdirector de la entidad, Diego Raúl Blanco Pérez, y los contratistas Juan Pablo Apraes Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo.

Blanco Pérez, en su rol de ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras para permitir el favorecimiento de oferentes específicos. Estos contratistas conocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos públicos.

Un fiscal de la Seccional Nariño imputó los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Durante el desarrollo de las diligencias, Diego Raúl Blanco Pérez y Liliana Goretti Osorio Villota aceptaron los cargos formulados en su contra. Por disposición de un juez de control de garantías, los cinco investigados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia. Con este resultado operativo, ya son nueve las personas imputadas por su presunta participación en este entramado.