Política
Posibles irregularidades en recursos para agua potable en San Lorenzo: Contraloría abre verificación
En San Lorenzo, Nariño, una denuncia ciudadana puso bajo la lupa el manejo de más de $485 millones destinados al agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2024. El Ministerio de Vivienda trasladó el caso a la Contraloría General de la República, que ahora deberá determinar si hubo posibles irregularidades en la contratación y uso de estos recursos esenciales para las comunidades rurales.
Antecedentes
Los recursos pertenecen al Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) y fueron comprometidos a través del Convenio Interadministrativo 2024000124, firmado entre la Alcaldía de San Lorenzo y la Agencia de Desarrollo Local de Nariño (ADEL).
El convenio tenía como propósito fortalecer los acueductos rurales del municipio, pero varios elementos generaron dudas y motivaron la denuncia.
Las inconsistencias señaladas
La queja remitida a la Contraloría destaca varios puntos que podrían constituir irregularidades:
1. NIT incorrecto
El documento habría sido elaborado con un NIT que no corresponde al municipio, sino al Concejo Municipal, una inconsistencia administrativa grave.
2. Convenio con una entidad no habilitada
ADEL no es una entidad pública, lo que impediría legalmente firmar un convenio interadministrativo de este tipo.
3. Objeto contractual ambiguo
No se especifican productos, entregables ni alcances. La falta de claridad complica la verificación del impacto real del proyecto.
4. Acueductos “interveredales” inexistentes
Se menciona el fortalecimiento de acueductos con esta denominación, pero dicha figura no existe en el inventario oficial de prestadores del municipio.
Hallazgos adicionales
El Ministerio también encontró que San Lorenzo fue clasificado en riesgo medio en el monitoreo del SGP-APSB, pero obtuvo calificación de “No cumple” en el indicador de destinación adecuada de recursos.
Además, aunque existen CDP y RP por un total de $485.230.000, estos no aparecen reportados en el Formulario Único Territorial (FUT) del cierre 2024.
Esta omisión podría abrir la puerta a un eventual detrimento patrimonial.
Lo que sigue
La Contraloría General deberá verificar:
- Si hubo uso indebido de recursos públicos.
- Posibles fallas en la contratación.
- La responsabilidad de los funcionarios encargados.
El caso compromete recursos fundamentales para la calidad del agua y la sostenibilidad de los acueductos rurales.
