El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, oficializó a través del documento 0302 la declaratoria de Día cívico para el martes 18 de marzo de 2025. Esta medida busca incentivar la participación ciudadana en las marchas convocadas en respaldo a las reformas impulsadas por la administración. Pero, ¿qué implica esta decisión y a quiénes afecta?
A diferencia de un día festivo, un Día cívico, según la ley en Colombia, es un día no hábil en el ámbito laboral y puede ser decretado por autoridades municipales, departamentales o nacionales, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en actividades de interés colectivo o con motivo de celebración. Este aplica para los trabajadores del sector público, incluyendo el ámbito administrativo, educativo y demás organizaciones que conforman esta esfera.
Cada alcaldía y gobernación tiene la potestad de decidir si adopta o no esta disposición, mientras que entidades de seguridad, salud, emergencias, movilidad y prevención de desastres desarrollan sus actividades con normalidad. ¿Y qué sucede con el sector privado? Las empresas privadas no están en la obligación de acatar la medida, por lo que su participación en este día es voluntaria.
Distintas alcaldías y gobernaciones en el país ya han anunciado su posición. Ciudades como Medellín y Bogotá no se sumarán a la iniciativa, mientras que en Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar, y el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, confirmaron su apoyo, a fin de garantizar la participación de las comunidades en la jornada.
En la capital nariñense, la Secretaría de Educación Municipal informó que los establecimientos educativos oficiales suspenderán sus clases, mientras que las instituciones privadas podrán decidir al respecto. Asimismo, se informó que habrá servicio de transporte, aunque se evaluará el impacto de la jornada en el orden público y la movilidad.
La concentración de la movilización se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en el Parque Santiago, y se espera que las actividades se desarrollen de manera pacífica y ordenada, priorizando el bienestar de la ciudadanía.