Operativo binacional sella un duro golpe al narcotráfico en el Pacífico nariñense

En una operación coordinada entre la Ejército Nacional de Colombia (Tercera División), la Fuerza Aérea Colombiana (División de Aviación y Asalto Aéreo) y el ejército del Ecuador, se destruyeron 1,8 toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona rural del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

Un laboratorio preparado para exportación

La acción tuvo lugar en la vereda Vayan Viendo, en el área de frontera colombo-ecuatoriana. Allí las tropas localizaron un complejo de procesamiento de cocaína presuntamente asociado a la estructura Grupo Armado Organizado Residual Oliver Sinisterra, que opera en el corredor del Pacífico sur.

Según los reportes oficiales, esta carga ilícita estaba lista para salir del país y evitó que más de 30.000 millones de pesos ingresaran a las arcas del narcotráfico en la región.

Coordinación binacional y riesgo real

La operación combinó fuerzas colombianas y ecuatorianas, incluyendo unidades del Batallón de Selva No. 53, el Batallón de Movilidad y Maniobra No. 3, la Fuerza Aérea, y tropas del Ecuador. Durante el ingreso al laboratorio, las tropas fueron atacadas con armas de fuego por los custodios de la estructura ilegal, lo que evidenció los riesgos del combate al crimen organizado en la zona.

Impacto para la región y la seguridad

Este resultado se suma a las múltiples operaciones que ha llevado a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en el Pacífico nariñense para desarticular economías ilícitas que generan violencia, desplazamientos y falta de desarrollo. Según el Ejército, solo este año se han destruido más de 130 laboratorios de procesamiento de drogas en la región.

Para Nariño, una zona que ha sido históricamente azotada por las dinámicas del narcotráfico y los grupos armados, este tipo de operaciones representan un paso importante en el control del territorio, la reconstrucción del tejido social y la protección de las comunidades.

¿Qué sigue?

• Las autoridades continuarán la operación de inteligencia y seguimiento para capturar a los responsables de la estructura criminal.
• Se fortalecerá el control territorial y vigilancia binacional en la frontera con Ecuador.
• Las comunidades se verán impactadas por una mayor presencia estatal que busca garantizar la legalidad, la protección y la reducción de riesgos para la población civil.