Libertad de prensa en Ipiales: FLIP denuncia 11 agresiones
La FLIP denunció agresiones y estigmatización contra la prensa en Ipiales tras el caso de Yony Coral, periodista de CNC. La organización pidió investigar lo ocurrido y adoptar garantías para los comunicadores que cubren la gestión municipal.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre un entorno hostil para la prensa en Ipiales, Nariño, después de la agresión que, según su denuncia, sufrió Yony Coral, periodista de CNC Ipiales, cuando intentaba preguntarle al alcalde Amílcar Pantoja por la calidad del agua potable del municipio.
El hecho ocurrió el 13 de octubre de 2026 y fue descrito por la organización en un comunicado publicado el 17 de octubre. La Fundación pidió investigar lo sucedido y adoptar medidas que permitan a los comunicadores ejercer su trabajo sin intimidaciones.
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Una pregunta sobre el agua potable
De acuerdo con el relato de la FLIP, el periodista y otro comunicador esperaban al mandatario a las afueras de la administración municipal. Allí, un integrante del esquema de seguridad habría empujado varias veces al reportero y le habría impedido acercarse para obtener una respuesta.
La organización señaló que esa misma noche el alcalde realizó una transmisión en su cuenta personal de Facebook en la que insinuó que las críticas de la prensa obedecían a resentimientos y a la falta de pauta oficial.
Aunque el mandatario no identificó a los comunicadores en esa intervención, la Fundación considera que el contexto y la cercanía con el episodio permiten relacionar los señalamientos con quienes lo habían abordado. Esa interpretación corresponde a la organización.
El debate sobre el servicio de acueducto ya había sido abordado por Entérate Nariño el 8 de octubre, al recoger las críticas del exconcejal Jaime Revelo sobre la calidad del agua y la gestión municipal.
Señalamientos contra la prensa en Ipiales
El pronunciamiento también cuestionó que el alcalde respaldara un comentario en redes sociales que relacionaba una entrevista solicitada por periodistas con la muerte de Fernando Rosero, entonces gerente de Empoobando, ocurrida siete años atrás.
La FLIP calificó esa asociación como una acusación sin sustento y advirtió que puede alimentar la hostilidad hacia los reporteros. El comunicado no aporta elementos que permitan establecer un vínculo entre la labor periodística y aquel fallecimiento.
Para la Fundación, presentar las preguntas de los medios como un ataque personal o como resultado de intereses económicos desvía la discusión de los asuntos sobre los que la ciudadanía necesita explicaciones.
Once agresiones contra la prensa en Ipiales
Según el balance de la FLIP, desde el comienzo de la actual administración municipal se han documentado once agresiones contra periodistas en Ipiales. La organización atribuye seis de esos casos al alcalde o a funcionarios de su gobierno.
La Fundación agregó que ha enviado tres cartas al mandatario para rechazar los señalamientos y recomendar garantías para el ejercicio periodístico. En su comunicado del 17 de octubre aseguró que no había recibido respuesta a esas comunicaciones.
El caso se enmarca en las dificultades para cubrir la gestión pública en Nariño. En un estudio citado en el pronunciamiento, la FLIP reportó 19 agresiones provenientes de funcionarios públicos y 22 relacionadas con el cubrimiento de la gestión estatal entre 2024 y 2025. Son categorías del registro de la organización y no deben sumarse como si fueran casos distintos.
Qué medidas solicita la Fundación
La FLIP pidió al alcalde cesar los señalamientos contra la prensa, rechazar públicamente la agresión denunciada y reconocer la legitimidad de quienes fiscalizan su administración.
También solicitó a la Alcaldía capacitar a los funcionarios y al personal de seguridad en libertad de prensa, abrir un espacio de seguimiento con periodistas locales para identificar riesgos y adoptar medidas preventivas. A las autoridades competentes les pidió investigar la agresión.
La organización sostuvo que las garantías para la prensa en Ipiales son necesarias para que la ciudadanía pueda obtener respuestas sobre la calidad del agua potable y otros asuntos de la gestión municipal. Las responsabilidades por los hechos denunciados deberán ser establecidas por las autoridades competentes.
