La recategorización de Nariño para 2027 abrió un nuevo debate en la Asamblea Departamental. En entrevista con Entérate Nariño, el diputado Iván Guzmán cuestionó si la Gobernación pudo anticipar el cambio mediante una mejor planeación financiera, mientras la diputada Isabel Rodríguez planteó aprovechar el oro para fortalecer las finanzas y generar beneficios para las comunidades.
El departamento pasará de primera a segunda categoría durante la próxima vigencia. Según la Gobernación, la decisión quedó formalizada en el Decreto 297 del 5 de octubre de 2026 y responde a los ingresos corrientes de libre destinación certificados para 2025.
Iván Guzmán cuestiona la planeación frente a la recategorización de Nariño
Para el diputado Iván Guzmán, la administración departamental debe explicar qué medidas tomó frente a los indicadores que determinaron la nueva clasificación. El asambleísta sostuvo que la situación pudo prevenirse y cuestionó la falta de un plan de contingencia para responder al comportamiento de los ingresos.
El diputado planteó que la discusión debe superar el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. A su juicio, es necesario establecer qué decisiones se adoptaron para anticipar el cambio y cuáles serán las acciones para enfrentar sus posibles consecuencias.
También invitó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a regresar a la Asamblea Departamental para debatir las finanzas en un escenario institucional, responder a los cuestionamientos y contrastar argumentos con cifras.
El señalamiento sobre una posible falta de planeación corresponde a la posición del asambleísta. Determinar si otras medidas habrían evitado la recategorización requiere examinar la evolución del recaudo, las proyecciones presupuestales y las actuaciones de la administración.
Isabel Rodríguez propone aprovechar el oro para generar beneficios regionales
La diputada Isabel Rodríguez centró su intervención en las alternativas para generar mayores recursos. En su concepto, el oro de Nariño puede contribuir a las finanzas públicas, al recaudo de regalías y al apoyo a los mineros, mediante mecanismos que permitan que la actividad deje beneficios en el territorio.
La asambleísta también cuestionó las afectaciones ambientales y humanas que, según expresó, está dejando la explotación minera en las comunidades. Su planteamiento combina la búsqueda de recursos con la necesidad de revisar las condiciones en las que se extrae el mineral.
La propuesta abre una discusión sobre formalización, control ambiental y distribución de los beneficios. Sin embargo, las regalías y los ingresos corrientes de libre destinación son fuentes distintas: los recursos del Sistema General de Regalías tienen reglas propias de distribución y financiación de proyectos.
Por ello, un eventual aumento de regalías no se traduce automáticamente en mayores ingresos de libre destinación para determinar la categoría fiscal. Precisar qué rentas podría recibir el departamento y bajo qué figura legal es parte del análisis que requiere la propuesta.
Las cifras que explican el paso a segunda categoría
De acuerdo con la información divulgada por la Gobernación, los ingresos crecieron en pesos entre 2024 y 2025, pero disminuyeron al expresarse en salarios mínimos, la unidad utilizada para la categorización.
| Indicador | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos corrientes de libre destinación | $224.190 millones | $230.570 millones |
| Equivalencia en salarios mínimos mensuales | 172.454 | 161.978 |
La Ley 617 de 2000 fija el rango de ingresos de primera categoría desde 170.001 salarios mínimos mensuales legales. El resultado de 2025 quedó por debajo de ese umbral.
El secretario de Hacienda de Nariño, Ricardo Heriberto Guevara Apráez, ha explicado que el recaudo no creció al ritmo del salario mínimo. La administración sostiene que aplicar la nueva clasificación no significa, por sí solo, una crisis financiera ni una reducción automática del presupuesto.
¿La nueva categoría obliga a reducir la inversión?
El artículo 4 de la Ley 617 establece un límite máximo de gastos de funcionamiento equivalente al 55 % de los ingresos corrientes de libre destinación para departamentos de primera categoría y al 60 % para los de segunda.
Estos porcentajes se calculan sobre esa fuente de ingresos, no sobre todo el presupuesto departamental. El cambio amplía el tope permitido, pero no ordena gastar más en funcionamiento ni recortar automáticamente la inversión.
La Gobernación ha afirmado que mantendrá los proyectos de inversión. En la Asamblea, las intervenciones de los dos diputados dejan planteadas dos discusiones para la vigencia 2027: qué decisiones permitirán fortalecer el recaudo y cómo se protegerán los recursos destinados a atender las necesidades de los municipios.
