¿Qué pasará con los diálogos de paz en Nariño con el nuevo gobierno?

El panorama político y la estrategia de orden público en el suroccidente del país se preparan para un giro radical. Tras el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre su firme intención de desmontar las mesas de negociación vigentes, todas las miradas se han puesto sobre el futuro de los diálogos de paz en Nariño, un territorio que ha sido el epicentro de los planes piloto de reconciliación en el país.

La nueva administración nacional ha dejado claro que la prioridad absoluta de su agenda será la recuperación integral de la seguridad y el restablecimiento de la autoridad del Estado a través de las Fuerzas Militares, una postura que contrasta directamente con el modelo de conversación que se venía adelantando con diferentes organizaciones al margen de la ley.

El impacto del nuevo gobierno en los diálogos de paz en Nariño

Este cambio de rumbo tiene un eco inmediato y profundo en nuestro departamento. Durante los últimos años, la Gobernación local respaldó de manera decidida el proceso de paz territorial con el grupo Comuneros del Sur, una iniciativa que el gobierno saliente catalogaba como uno de los laboratorios de convivencia y desarme más importantes de Colombia. Sin embargo, las nuevas directrices desde Bogotá ponen un freno de mano a estos avances, dejando a los diálogos de paz en Nariño en una etapa de total incertidumbre jurídica y operativa.

Para muchos líderes comunitarios, la preocupación radica en qué pasará con los compromisos de inversión social que se habían pactado en las mesas regionales. El desmonte de estos espacios obligará a replantear cómo se atenderá a las poblaciones vulnerables que veían en la negociación una salida negociada a las dinámicas de violencia que golpean a las provincias.

El balance de las mesas y la realidad de las comunidades

Más allá de las decisiones políticas de alto nivel, el debate de fondo entre los ciudadanos de a pie tiene que ver con la efectividad de las estrategias aplicadas. Mientras que la institucionalidad defendía los logros de las mesas de concertación, la realidad en los municipios mostraba una cara muy diferente. La persistencia de las economías ilegales provocó que muchos sectores cuestionaran si los diálogos de paz en Nariño estaban dejando resultados concretos para la tranquilidad de la gente, debido a problemáticas constantes como:

• Denuncias por extorsión: Comerciantes, transportadores y ganaderos siguieron reportando presiones económicas por parte de grupos armados.
• Hechos de intolerancia y violencia: Los combates por el control territorial en zonas rurales continuaron afectando la vida cotidiana de los campesinos.
• Presencia delictiva: La comunidad de distintas veredas y corregimientos manifestó que el control visible de las organizaciones ilegales nunca desapareció del todo mientras avanzaban las conversaciones.

El reto político para el gobernador Luis Alfonso Escobar

Ante este escenario de transformación nacional, surge una gran incógnita en el panorama político regional: ¿qué camino tomará el gobernador Luis Alfonso Escobar? El mandatario departamental ha tenido como bandera principal de su gestión la salida negociada y la transformación del territorio a través del diálogo.

Ahora, con un Gobierno Nacional que exige un enfoque de mano dura y cumplimiento estricto de la ley, la opinión pública se pregunta si el gobernador dará un giro en su discurso para priorizar la seguridad ciudadana y el control militar como los ejes centrales de su agenda de trabajo. Este nuevo rumbo no solo redefinirá las relaciones de gobernabilidad entre Pasto y la Casa de Nariño, sino que marcará el destino estratégico de una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado en el sur de Colombia.