Política
De la Espriella advierte al gobernador de Nariño por diálogos con grupos armados
El presidente Abelardo de la Espriella advierte al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, sobre los límites que tendrán las autoridades territoriales frente a eventuales negociaciones o contactos con estructuras armadas durante la nueva política de seguridad del Gobierno Nacional.
El pronunciamiento ocurrió el 4 de septiembre de 2026 durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Santa Cruz de Mompox, Bolívar. Allí, el mandatario nacional sostuvo que ningún gobernador o alcalde puede adelantar por cuenta propia negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con organizaciones que su Gobierno considera terroristas.
La declaración elevó la tensión política alrededor del modelo de paz territorial que la Gobernación de Nariño ha defendido durante los últimos años y abre una discusión sobre hasta dónde pueden llegar las competencias del departamento frente a una política de paz y seguridad definida desde la Presidencia.
De la Espriella advierte al gobernador de Nariño: “Está advertido”
Durante su intervención ante los mandatarios departamentales, De la Espriella dirigió parte de su mensaje específicamente a Luis Alfonso Escobar.
“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, manifestó el presidente.
La advertencia hizo parte de un discurso más amplio sobre seguridad y control territorial. El Gobierno Nacional señaló que gobernadores y alcaldes no están facultados para adelantar autónomamente negociaciones o acuerdos con estructuras armadas y advirtió que eventuales actuaciones por fuera del marco establecido por la Nación podrían tener consecuencias judiciales.
El mensaje llega en momentos en que el Gobierno de De la Espriella ha decidido cerrar varias de las mesas y conversaciones de paz que habían sido creadas durante la administración de Gustavo Petro, marcando un cambio sustancial en la política nacional frente a los grupos armados.
Luis Alfonso Escobar defiende la paz territorial en Nariño
La posición del gobernador Luis Alfonso Escobar ha sido diferente.
El mandatario departamental ha defendido los resultados de la denominada paz territorial y ha pedido que las decisiones nacionales sobre seguridad tengan en cuenta lo ocurrido en los municipios que han vivido directamente el conflicto.
Tras conocerse el cierre de la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB, la Gobernación de Nariño destacó varios resultados obtenidos durante el proceso.
Entre ellos señaló la entrega de más de 14 toneladas de material de guerra en Nariño y Putumayo, el ingreso de 99 integrantes de esa estructura a una Zona de Ubicación Temporal para iniciar su tránsito hacia la vida civil y una meta de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca entre ambos departamentos, de las cuales 15.000 corresponden a Nariño.
Escobar ha sostenido que estos resultados deberían ser evaluados antes de abandonar por completo las estrategias que se venían desarrollando en el territorio.
“No podemos pasar de paz total a guerra total”
Las diferencias entre el Gobierno Nacional y la Gobernación ya habían quedado expuestas días antes de la advertencia en Mompox.
En una entrevista con Caracol Radio, Escobar cuestionó que el debate sobre seguridad termine dividiendo a los mandatarios entre quienes respaldan al Gobierno y quienes puedan ser señalados como cercanos a la criminalidad.
El gobernador resumió su preocupación con una frase: “No podemos pasar de paz total a guerra total”.
Escobar también ha planteado que la nueva estrategia nacional de seguridad podría articularse con transformaciones económicas y sociales adelantadas en los territorios, en lugar de considerar ambos enfoques como completamente incompatibles.
¿Puede el gobernador de Nariño negociar con grupos armados?
La legislación colombiana establece un límite importante.
La Ley 418 de 1997 señala que la dirección de los acercamientos, conversaciones, negociaciones y diálogos orientados al desarme o desmovilización de grupos armados corresponde exclusivamente al Presidente de la República.
La misma norma establece que las personas que participen en esos procesos a nombre del Gobierno deben hacerlo siguiendo las instrucciones impartidas por el presidente.
Además, el artículo 303 de la Constitución Política señala que los gobernadores actúan como agentes del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público.
En esta materia, las instrucciones presidenciales tienen una posición prevalente frente a las decisiones de las autoridades departamentales.
En términos prácticos, Nariño puede continuar desarrollando políticas territoriales, proyectos sociales, programas de transformación y estrategias institucionales orientadas a construir condiciones de paz dentro de sus competencias, pero el gobernador no tiene una facultad autónoma para abrir una negociación formal con una estructura armada al margen de las decisiones del Gobierno Nacional.
La paz territorial de Nariño tuvo respaldo del Gobierno anterior
Otro elemento importante del debate es que la participación de Luis Alfonso Escobar en procesos territoriales de paz no surgió originalmente como una actuación aislada de la Gobernación.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, el mandatario de Nariño participó en escenarios oficiales relacionados con la territorialización de la paz y fue invitado incluso a la instalación de mesas de diálogo lideradas por el Gobierno Nacional.
En junio de 2024, por ejemplo, Escobar integró la delegación invitada a la instalación de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia en Caracas.
Esto significa que buena parte del modelo que actualmente defiende la Gobernación se desarrolló bajo una política nacional que permitía y promovía una participación territorial más activa.
El escenario cambió con la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella y su decisión de cerrar procesos heredados de la anterior administración.
¿Existe un choque institucional entre Presidencia y Gobernación?
Por ahora, lo que está confirmado públicamente es una diferencia política y de enfoque sobre cómo enfrentar la violencia en Nariño.
De la Espriella prioriza una estrategia de seguridad, recuperación del control territorial y sometimiento a la justicia, mientras Escobar insiste en conservar los componentes de transformación territorial que, según la Gobernación, han permitido reducir determinadas expresiones del conflicto.
La advertencia presidencial no significa por sí misma que se haya demostrado que el gobernador haya realizado negociaciones clandestinas.
Las fuentes públicas consultadas confirman la advertencia del Presidente y las diferencias entre ambos mandatarios, pero no establecen por sí solas la existencia de una negociación clandestina realizada por Escobar después de las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno.
La discusión, por tanto, deberá diferenciar entre la continuidad de una política de paz territorial dentro de las competencias departamentales y la apertura de negociaciones con grupos armados, facultad que permanece en cabeza del Presidente de la República.
Nariño queda en el centro de la nueva política de seguridad
La controversia adquiere especial relevancia porque Nariño ha sido uno de los departamentos donde se han ensayado estrategias territoriales de diálogo y transformación en medio de una prolongada presencia de estructuras armadas y economías ilegales.
El Gobierno Nacional ha dejado claro que su prioridad será recuperar el control territorial y medir su estrategia de seguridad a partir de resultados concretos.
La Gobernación, por su parte, plantea que seguridad y transformación territorial deberían complementarse.
El desafío ahora será establecer si ambas administraciones encuentran un mecanismo de coordinación institucional o si las diferencias sobre el manejo del conflicto terminan profundizando la tensión política entre la Casa de Nariño y la Gobernación de Nariño.
