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Judicial

Respuesta institucional ante feminicidios: colectivo cuestionó marcha en Nariño

Unidas para Avanzar Nariño cuestionó que una marcha sustituya medidas públicas y pidió prevención, protección, rutas eficaces y seguimiento ante los feminicidios.

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La respuesta institucional ante feminicidios en Nariño fue cuestionada por el colectivo Unidas para Avanzar, que expresó reparos frente a la convocatoria de una movilización promovida para el 7 de septiembre de 2026. La organización aclaró que no se opone a la protesta pública, pero sostuvo que una marcha no puede reemplazar las medidas que corresponden a las autoridades.

El pronunciamiento es una declaración del colectivo y debe diferenciarse de las actuaciones oficiales que puedan acreditar la Gobernación, la Policía, la Fiscalía y las entidades de atención. La organización aseguró que desde el 8 de agosto solicitó un Consejo de Seguridad urgente con enfoque de género y afirmó que, para la fecha de su comunicado, este no había sido convocado en los términos pedidos.

Respuesta institucional ante feminicidios: el reclamo del colectivo

Unidas para Avanzar pidió que la reacción pública incluya prevención, protección efectiva, rutas de atención operativas, coordinación entre entidades, seguimiento a los casos y decisiones verificables. Su planteamiento central es que los actos simbólicos deben acompañarse de acciones administrativas y de seguridad con responsables, plazos y mecanismos de evaluación.

La petición de un Consejo de Seguridad con enfoque de género busca que las instituciones analicen riesgos, medidas de protección y capacidades de respuesta. Sin embargo, la afirmación sobre su falta de convocatoria corresponde a la versión de la organización; la administración departamental puede presentar información adicional sobre reuniones, protocolos o acciones adelantadas.

Datos oficiales muestran la gravedad del problema

La preocupación tiene respaldo en cifras institucionales. La Defensoría del Pueblo informó el 2 de septiembre que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron 17 feminicidios en Nariño y que durante agosto se reportaron cuatro casos adicionales. La entidad pidió fortalecer la protección de las mujeres y la prevención de estas violencias.

Estas cifras deben leerse con cuidado. La calificación jurídica definitiva de cada caso corresponde a las autoridades judiciales, mientras los reportes institucionales sirven para dimensionar el riesgo y orientar la respuesta pública. La prevención también exige atender amenazas y señales de violencia antes de que se produzcan consecuencias irreparables.

Entérate Nariño ha documentado investigaciones anteriores, entre ellas un caso investigado como feminicidio en la zona rural de Pasto. El seguimiento periodístico debe preservar la dignidad de las víctimas, evitar detalles innecesarios y mantener la presunción de inocencia de las personas investigadas.

Movilización y obligaciones del Estado

La movilización ciudadana puede visibilizar la situación y respaldar a quienes exigen garantías. No obstante, las obligaciones estatales comprenden prevención, recepción oportuna de denuncias, valoración del riesgo, medidas de protección, investigación diligente y acceso a justicia. También requieren coordinación entre los niveles municipal, departamental y nacional.

La Gobernación de Nariño cuenta con una Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, cuya actuación debe articularse con salud, educación, seguridad y justicia. La existencia de esa estructura institucional hace posible evaluar no solo anuncios, sino resultados: tiempos de atención, activación de rutas, cumplimiento de medidas y respuesta a las alertas.

Qué sigue después del pronunciamiento

El reclamo plantea preguntas concretas para las autoridades: si se realizó el Consejo solicitado, qué entidades participaron, qué decisiones se adoptaron y cómo se hará seguimiento. Una respuesta pública con fechas y compromisos permitiría contrastar la denuncia del colectivo y ofrecer información útil a la ciudadanía.

La discusión no termina con la movilización. El desafío para Nariño es convertir la preocupación social en medidas sostenidas, transparentes y evaluables, con prioridad en la prevención y la protección. El avance deberá medirse por la capacidad de las rutas para responder a tiempo y por la rendición de cuentas de las instituciones responsables.

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