Un juez de ejecución de penas ordenó la libertad de Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), condenado por su participación en el entramado de corrupción relacionado con la contratación de la entidad.
La decisión, conocida este 27 de octubre, se adoptó después de revisar el cumplimiento de la pena, las actividades de trabajo y estudio presentadas por la defensa y su comportamiento durante la reclusión.
El abogado fue condenado a cuatro años, diez meses y 19 días de prisión mediante un preacuerdo con la Fiscalía. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en marzo de 2026.
El contrato de los carrotanques para La Guajira
La condena está relacionada con el direccionamiento de contratación de la UNGRD, entre ella la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira, por $46.800 millones.
Según la Fiscalía, el exasesor presentó al contratista Luis Eduardo López Rosero ante funcionarios de la entidad y entregó cotizaciones de empresas relacionadas con el empresario. Esas propuestas se utilizaron para establecer las condiciones de la convocatoria.
La Fiscalía señaló que Rodríguez Melo recibió $1.000 millones por su intervención. En el preacuerdo se comprometió a reintegrar esa suma.
¿Qué significa la decisión de libertad?
La orden corresponde a una decisión sobre la ejecución de la pena y no elimina la condena. La información conocida indica que el juez tuvo en cuenta las actividades de trabajo y estudio y la conducta del condenado durante su reclusión.
Está pendiente conocer el auto judicial completo para precisar las condiciones y obligaciones de la decisión. Tampoco se cuenta con confirmación oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre su salida efectiva del centro de reclusión.
El vínculo con el caso de licores de Nariño
La decisión también tiene interés en Nariño. Rodríguez Melo fue jefe de la oficina jurídica de la Gobernación durante la administración del entonces gobernador Camilo Romero y ha declarado como testigo de la Fiscalía en el juicio contra el exmandatario por presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de aguardiente.
Ese proceso es distinto al de la UNGRD. Las declaraciones del exasesor deben ser valoradas junto con las demás pruebas por las autoridades judiciales y, por sí solas, no constituyen una declaración de responsabilidad contra las personas mencionadas.
